El caso Van Rysselberghe: decadencia moral en el gobierno.

La gente que votó por Piñera ese 17 de enero del año 2010 no sé en que estaba pensando. Seguramente en que el cambio haría bien a un país. Sin duda, las alternancias son necesarias, no obstante cuando hablamos de dirigir a un país se debe escoger gente competente y equilibrada. Cuando se vota por una persona en el cargo más importante de una nación no sólo se vota por ella, sino por todo el conglomerado que lo apoya e identifica. Con ello todas las personas que puedan significar una confianza para el presidente y ocupa un cargo público.

Nadie duda que un cargo público se refiere a servir a los demás. Pero no podemos ser tan maquiavélicos en nuestro actuar y justificar las más atroces mentiras y engaños para defender una “buena” acción. Hoy en día sabemos que los políticos no dan puntada sin hilo y cada cosa que realizan ya no es por el bien público sino por un tema de honor, de ganancia o popularidad, valga decir éste último término para designar lo que ha sido el eje de la “campaña” política de Piñera y su cartera.

Es lamentable. Actualmente el caso de la intendenta ha dejado mucho que desear, pues su actuación nos plantea un serio problema moral. Cuando se leía a Dostoievsky nos mostraba el autor personajes desgarrados por el problema moral. de este modo teníamos un Raskolnikov que se debatía entre su confesión del crimen y el silencio que lo rodeaba. Finalmente en la novela del excelso autor triunfaba la moral y lo que hacía grande y digno a un ser humano. Sin embargo, en nuestro caso, la intendenta no sólo justifica su mentira, sino que pide apoyo a su grupo político – la UDI – quien no duda en otorgarle respaldo ¿Nos preguntamos: dónde está la probidad? ¿Deberemos justificar mentiras y engaños en todo cargo público, en las pequeñas acciones solo para defender aquello que nos parece justo?

Ya varias cosas han pasado en este año de gobierno: mentiras van y vienen desde el presidente hacia abajo. El público en general parece aceptarlas a través de humor y el “Chilean way” para gobernar. Para mí es un vergüenza. Como docente debo luchar día a día contra la deshonestidad y transmitir valores a mis alumnos ¿Pero cómo poder lograrlo en forma efectiva si desde la presidencia se muestran esos casos?

Dejo con ustedes una columna de Carlos Peña que es muy decidora al respecto. Lamentablemente queda como columna de opinión aquello que a luz vista debería ser casi como un hecho:

“La intendenta Van Rysselberghe plantea un serio problema al Gobierno. Confesó en público haber simulado antecedentes e inventado historias -en una palabra, mentido- para obtener subsidios del Gobierno central.

Al parecer no hubo delitos. Ni falsificación de instrumentos, ni malversación, ni nada semejante. Lo que hubo fue una mentira: ella confesó haber disfrazado la realidad para favorecer a un grupo de pobladores (y de paso a sí misma, puesto que es a ella a quien esos pobladores le estarían toda la vida agradecidos).

¿Es suficiente una mentira como esa -decir de lo que no es, que es- para ser destituído de un cargo público de exclusiva confianza del Presidente?

En las democracias maduras una mentira como esa -incluso obviando el raro tono paternalista con que algunos personeros de derecha se relacionan con la gente pobre- bastaría para que quien la profirió renunciara o se le pidiera la renuncia.

Excepto en Chile.

Aquí cada vez que se constata un error de alguna autoridad, incluso craso, primero se piden informes legales para verificar si se transgredió o no la ley. Como si la no comisión de delitos penales fuera el único estándar que debe satisfacerse para ejercer un cargo público. Los ejemplos sobran. En los inicios del gobierno se acusaron múltiples conflictos de interés. Se dijo entonces que si la ley no los prohibía, no había nada que reprochar. El Presidente prometió vender sus acciones antes de la segunda vuelta. No lo hizo. La ley no prohibía mantenerlas más allá de lo que él mismo había prometido. Lo mismo acaba de ocurrir con el nombramiento de generales que pertenecieron a la CNI. Como no estaban procesados por delito alguno, entonces, se dijo, no había problema. El Presidente aterriza de emergencia en helicóptero por falta de combustible ¿Hay algo reprochable en eso? No, puesto que la ley no lo prohíbe. El Presidente luego miente: ante las cámaras dice venir pilotando el helicóptero; pero más tarde comparece a la investigación su amigo Andrés Navarro declarando que era él quien lo hacía ¿Hay algo malo en todo eso? No, puesto que la ley no castiga el mero hecho de faltar a la verdad.

Esta vez la intendenta Van Rysselberghe confesó haber simulado antecedentes -en rigor, mentido- para obtener subsidios del Gobierno central. En otras palabras, declaró haber transgredido deliberadamente las reglas que, sin embargo, era su deber cuidar. ¿Hay algún reproche público? Ninguno. Su partido -la UDI- en vez de insinuar siquiera una queja por la conducta de la intendenta, exige se la respalde.

Simplemente increíble.

Hasta ahora se conocían actos corruptos (los hubo sin duda en los gobiernos de la Concertación); pero lo que no se conocía eran solicitudes de apoyo, provenientes de un partido político, para un comportamiento confesadamente mendaz.

¿Qué se dirá de aquí en adelante a quienes alteren sus datos para obtener beneficios, a los estudiantes que imaginen excusas para obviar sanciones, a los parlamentarios que mientan para cobrar las dietas, al Presidente cuando, por descuido, afán narcisista o motivos peores, cambie su versión respecto de un asunto de interés público? ¿Que si no es delito no importa?

Lo que está en cuestión en el caso Van Rysselberghe -quien a los procedimientos habituales del caciquismo sumó la mentira- no es ni un asunto penal, ni legal, ni político. El problema es cívico y debiera interesar a todos: cuáles serán los estándares de conducta con los que se juzgará el quehacer de las autoridades públicas.

Hasta ahora -no vale la pena engañarse- la vara está por el suelo.

Y es probable que todo este asunto no importe tanto por el futuro político de la Intendenta (después de todo se conocen casos en que actos peores no impidieron a su autor acceder a la Presidencia de la República) sino por el tipo de reglas que orientarán la vida cívica y los comportamientos que sus partícipes estarán dispuestos a exigirse unos a otros.”

Puede encontrar la fuente aquí: Blogs el Mercurio

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2 comentarios

  1. Al lado de este supuesto caso de “corrupcion” de este gobierno, aun no comprobado con antecedentes contundentes, podemos citar mas de 1000 casos de corrupcion comprobada en los de la Concertacion.
    Esto si que es ver la paja en el ojo ajeno, sin aopreciar la viga en el propio.

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